Deben al Infonavit más de 25 mdp patrones en Chiapas

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A 25.2 mdp ascendieron los créditos fiscales de las empresas y dependencias que operan en Chiapas registradas en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), durante el año pasado. Surgieron por omitir sus aportaciones en al menos un bimestre. Los casos son más frecuentes en la Costa. Embargos y convenios facilitaron los pagos.

Bajos ingresos, destino de los recursos en otras áreas y la falta de "temor" al organismo provocaron el incumplimiento. La evolución de su esquema de cobranza -el empleado es el principal detector de irregularidades- originó que la incidencia del último factor sea menor, dijo su representante en la entidad, Jorge Burguete Torrestiana.

La dependencia informó que la cifra del ejercicio anterior estuvo cinco por ciento por debajo de los 26.6 mdp de 2009. Fue el segundo periodo consecutivo con reducciones. La cartera vencida de los negocios es instituciones del estado llegó a cuadruplicarse entre 2005 y 2008, al pasar de 6.6 a 28.8 mdp. La inestabilidad caracterizó a la primera parte de la década pasada. Sin embargo, fue en dicho lapso que la morosidad alcanzó su valor máximo: 44 mdp. Esto fue reportado en 2004.

Los datos fueron obtenidos por medio de una solicitud de información; el instituto no especificó los montos recuperados.

Burguete Torrestiana informó que el cinco por ciento de los 14 mil 350 patones retrasan sus liquidaciones, por lo menes una vez al año en la entidad, es decir, 500 no depositan en el plazo establecido, en algún periodo. La tasa de incumplimiento es dos puntos menor si tomamos en cuenta el sistema de cobranza temprana, es decir, las acciones efectuadas por la dependencia para exhortar a depositar durante los 60 días posteriores al término del bimestre.

Recordó que acuerdos por escrito, incautaciones, bloqueos de cuentas bancarias y acciones penales son los procedimientos que efectúa el instituto para saldar deudas. Los más empleados son los dos primeros, de los cuales el convenio es el más socorrido, porque admite que las empresas y organismo públicos finiquiten su compromiso entre 12 y 60 meses, con intereses que no superan el dos por ciento. El dinero recuperado es enviado a la cuenta del asalariado.

"No se trata de hacer quebrar, sino de cumplir, porque la aportación es a nombre de los trabajadores, no del negocio o dependencia", puntualizó.

El funcionario federal aseguró que involucrar al empleado -detecta anomalías cuando gestiona su precalificación de crédito y descubre que no tiene puntos por falta de cuotas, cuando le son aplicados descuentos- permitió que las acciones de fiscalización del organismo estén a la altura de las del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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